Luz verde a la Ley de Movilidad: vía libre a cobrar peajes urbanos y reforma de las líneas de autobús

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria por vía de urgencia. El objetivo es que pueda entrar en vigor el próximo año, cumpliendo así uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha destacado la importancia del sector del transporte como servicio indispensable para la sociedad -tanto el de viajeros como el de mercancías-, como motor económico -4,5% del PIB y más de 800.000 empleos- y por su papel en la lucha contra el cambio climático, ya que actualmente genera el 27% de las emisiones de efecto invernadero, cinco puntos más que el resto de países de la Unión Europea. La norma reconoce, por primera vez, que la movilidad es un derecho de toda la ciudadanía y que debe ser accesible e inclusiva: "Debe dar respuesta a la mayor concentración de la población en las grandes urbes y en las áreas periféricas, y a las necesidades de movilidad de las áreas rurales y las pequeñas ciudades, que además tienen que enfrentarse a grandes problemas como es la despoblación y el envejecimiento", ha afirmado Raquel Sánchez. Uno de los primeros objetivos, recogido en la ley, será la reordenación del transporte regular de viajeros por carretera con un nuevo mapa concesional. Aunque de competencia estatal, la ministra ha destacado que será "un trabajo conjunto con las comunidades y los ayuntamientos para la mejora del servicio en todos los territorios". Precisamente la coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales se verá intensificada gracias a la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que también incluirá un órgano de participación de la sociedad civil. Para avanzar en la descarbonización del transporte, la norma establece algunas medidas obligatorias, como que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se doten de planes de movilidad urbana sostenible simplificados, y otras voluntarias, como una tasa para la circulación de determinados vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones. Finalmente, se refleja en la ley la necesidad de mejorar la calidad en las decisiones de inversión y gasto públicos en infraestructuras para intentar reducir las ineficiencias en la gestión, que la ministra ha cifrado en 8.000 millones de euros en una década, y se promociona la digitalización, el uso de datos abiertos y la innovación.