Luz verde a 236 millones para el Vial de Jove en Gijón, choque judicial con Madrid y más centros culturales en América
El Consejo de Ministros autoriza una multimillonaria obra viaria en Asturias que nos costará casi 5 euros por habitante e impugna la ley de discapacidad madrileña.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha dado vía libre a un paquete de tres medidas muy distintas: autorizar 236 millones de euros de dinero público para licitar las obras del Vial de Jove que dará acceso al puerto de El Musel en Gijón (Asturias); recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de la Comunidad de Madrid aprobada el 15-02-2023 sobre personas adultas con discapacidad alegando invasión de competencias; y abrir tres nuevos centros culturales en Guatemala, Nicaragua y Panamá.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
236 millones de euros presupuestados para la carretera asturiana. Salimos a unos 4,92 € por español. Respecto a la apertura de las tres sedes culturales en el exterior, el texto no desglosa la partida concreta de apertura y mantenimiento que saldrá del Ministerio de Exteriores. Por su parte, el recurso judicial contra Madrid no tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un choque normativo y competencial en los tribunales.
¿Quién sale ganando con esto?
En Asturias ganan los transportistas y vecinos de Gijón que verán aliviado el tráfico pesado portuario, además de las grandes constructoras que compitan por el contrato millonario. En el exterior, el cuerpo diplomático y cultural español en Centroamérica gana presencia e instalaciones.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
En la carretera de Gijón hay que tener paciencia: una autorización de licitación no significa que las máquinas entren mañana; el proceso administrativo y la ejecución de una obra de tal calibre tardará años y suele acarrear desviaciones presupuestarias. En cuanto a la ley de discapacidad de Madrid, el conflicto político-jurídico entre gobiernos mete a las personas dependientes y a sus familias en la incertidumbre procesal mientras los tribunales deciden quién tiene la razón. Por último, los nuevos centros en el extranjero representan gasto corriente continuado de dinero público fuera de nuestras fronteras sin un retorno económico directo para el ciudadano.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite. El recurso contra la Comunidad de Madrid sigue la vía judicial directa, mientras que el Ministerio de Transportes publicará en los próximos meses los pliegos oficiales para que las empresas pujen por las obras en Gijón.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
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