El Gobierno frena a Aragón y amenaza con llevar al Tribunal Constitucional su ley de memoria

Moncloa abre una mesa de negociación obligatoria con el gobierno aragonés y avisa a Valencia y Castilla y León con el respaldo de la ONU.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno central ha decidido abrir una vía formal de negociación con el Gobierno de Aragón para intentar frenar la derogación de su ley autonómica de memoria democrática. Si el ejecutivo autonómico no se sienta a negociar o no modifica el texto, el Gobierno lo recurrirá directamente ante el Tribunal Constitucional para tumbarlo. Además, se ha dado traslado del informe de relatores de la ONU crítico con las leyes impulsadas tanto en Aragón como en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un trámite jurídico, político y regulatorio entre administraciones que no incluye ninguna partida de gasto presupuestario nuevo.

¿Quién sale ganando con esto?

Las asociaciones de memoria histórica y los colectivos de familiares de víctimas del franquismo, que reclaman mantener los mapas de fosas, las subvenciones y los trabajos de exhumación e identificación de restos. Por el contrario, los gobiernos autonómicos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León ven frenados sus intentos parlamentarios de sustituir la normativa estatal por sus propias leyes autonómicas.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El choque no se resolverá de inmediato. La apertura de este artículo legal da un margen de negociación de hasta nueve meses; si fracasa, el asunto acabará en los tribunales, lo que alargará la resolución final durante años mientras los procesos de exhumación o ayudas en la comunidad pueden quedar en el limbo administrativo.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El procedimiento se ha iniciado formalmente tras la notificación oficial. Los ciudadanos y asociaciones no tienen que realizar ningún trámite, pero deberán seguir atentos al calendario judicial y a las convocatorias de exhumaciones que queden pendientes de resolución administrativa.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Diálogo con Aragón sobre Memoria Democrática

Redacción burocrática original:

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Gobierno ha analizado un informe sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos sobre memoria histórica, tras recibir una comunicación de los relatores de la Organización de Naciones Unidas acerca de las iniciativas legislativas en la materia impulsadas en las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo comunicará hoy a Aragón la apertura del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para iniciar un periodo de diálogo y reconducir la ley de esta comunidad, que deroga su anterior normativa sobre memoria democrática. Si esta comunidad autónoma rechazara la negociación, la ley será recurrida al Constitucional. Ángel Víctor Torres también trasladó ayer a los presidentes de los parlamentos autonómicos y de los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León esta comunicación. El ministro ha recordado que el Consejo de Ministros estudió el pasado 2 de abril las posibles acciones tras las propuestas de estas comunidades para derogar la regulación de memoria democrática y elevó la cuestión a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Naciones Unidas comunicó el 3 de mayo al Gobierno de España su informe relativo a la ley aprobada en Aragón y a las denominadas leyes de "concordia" pendientes de aprobación parlamentaria en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que afectan a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Durante su intervención, el ministro ha repasado el documento firmado por tres relatores de la ONU de manera unánime que apunta, entre otros argumentos, que esas leyes vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista y unifican un periodo de totalitarismo como el régimen franquista -que no condenan- con un periodo democrático. Además, impiden la divulgación de imágenes y documentos de las exhumaciones, no reconocen las subvenciones para actividades de memoria histórica que se otorgan a organizaciones sin ánimo de lucro y, en algunos casos, suprimen el inventario de fosas comunes y las actividades dirigidas a localizar, exhumar e identificar a los desaparecidos.