Titular oficial:
Segundo eje: fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios
Redacción burocrática original:
Buena parte de las medidas del segundo bloque del plan buscan reforzar la transparencia e independencia en el ámbito de los medios de comunicación. El Plan contempla la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que la iniciativa incluye algunas de las reclamaciones más importantes de la última década en relación con la libertad de expresión. Además, aborda por primera vez la necesidad de hacer "política mediática", lo que implica "elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad".
Urtasun ha señalado que, en primer lugar, hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas "cuya finalidad no es informar". Para ello, se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Una segunda medida es el establecimiento del deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, una información que hoy "o no se presenta o se presenta de forma opaca", según ha asegurado Urtasun. Cuando se implemente la normativa, todas las instituciones públicas deberán ofrecer esa información de forma visible, clara y transparente.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa
El plan recoge la reforma de la Ley de Publicidad Institucional en dos aspectos. Por una parte, como ya anunció el presidente del Gobierno, se introducen criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de esa publicidad; estos serán elaborados a partir del trabajo con expertos en el sector de la comunicación y también con los grupos parlamentarios. Por otra parte, se modificará la Ley para garantizar que los sistemas de medición de audiencias cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
El objetivo en ambos casos, según ha remarcado el ministro de Cultura, es "hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las 'fake news'".
El plan pretende, igualmente, impulsar una ley del secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes. "Esto significa regular o hacer cumplir lo que ya prevé y reconoce el artículo 20 de la Constitución Española", según ha apuntado Urtasun. En la misma línea, se traspone una directiva europea para proteger a los periodistas de acosos externos. La norma, según ha explicado el ministro, permite a los jueces desestimar con rapidez demandas manifiestamente infundadas contra periodistas o defensores de los derechos humanos.
Además, siguiendo el acuerdo del Gobierno de coalición, se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con las sanciones que reciben profesionales de la información por desarrollar su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El plan también propone revisar el marco regulatorio para hacer frente a los oligopolios mediáticos y limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, con el fin de evitar que haya medios impulsados directamente por ellas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
En este segundo eje, Félix Bolaños ha anunciado que el Gobierno modificará las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación para "garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o seudomedio de comunicación". El régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publican se ha quedado obsoleto ante el ecosistema de medios actual, ha recalcado.
Además, el ministro ha anticipado que se hará una reforma integral del Código Penal para abordar los artículos que puedan limitar la libertad de expresión, entre otros casos cuando se refiera a instituciones del Estado y a los sentimientos religiosos: "El objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".