El Gobierno promete más transparencia, proteger a los denunciantes de corrupción y reformar los secretos oficiales
Moncloa anuncia un paquete normativo para obligar a rendir cuentas públicas, crear una oficina de protección al informante y modificar la ley de secretos previa a la Constitución.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
Un conjunto de anuncios y futuras reformas legales sobre transparencia: el nuevo Plan de Gobierno Abierto, el envío a las Cortes de una futura Ley de Administración Abierta, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante contra la corrupción y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
En el papel, toda la ciudadanía al tener más acceso a la gestión pública, y en especial los empleados públicos o ciudadanos que decidan denunciar irregularidades y corruptelas en la Administración, que tendrán un organismo específico para protegerles.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo con los anuncios a futuro! Casi todo lo presentado son intenciones y proyectos de ley que todavía tienen que redactarse, tramitarse y negociarse en el Congreso de los Diputados, donde corren el riesgo de retrasarse o aguarse. Además, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una promesa recurrente que lleva años atascada en la agenda política.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede solicitar nada ni está en marcha de forma inmediata. Habrá que esperar a que los textos legales se registren, se debatan y se aprueben definitivamente en las Cortes Generales para ver su aplicación real.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
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Primer eje: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental
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