El Gobierno pasa revista a sus medidas de igualdad: menos brecha salarial pero asignaturas pendientes en los puestos de mando

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Consejo de Ministros ha abordado en su reunión el informe "Más derechos, más feminismo, más democracia: un año de avances en igualdad", que recoge las medidas adoptadas por el Ejecutivo y los progresos alcanzados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reiterado el compromiso del Gobierno en este ámbito y ha defendido que el informe refleja las prioridades del Gobierno en la lucha contra todas las desigualdades y las discriminaciones. Ana Redondo ha destacado la evolución positiva de la lucha contra la violencia machista, iniciada con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo vigésimo aniversario se ha celebrado recientemente. Si en 2003 se registraron 74 víctimas mortales, en 2024 fueron 48 las mujeres asesinadas. "Cada asesinato de una mujer es un fracaso colectivo y nos interpela como democracia, pero es importante también rescatar la esperanza", ha sostenido. Entre las medidas adoptadas en el último año, la ministra ha señalado la puesta en marcha del sistema VioGén 2, que mejora la coordinación en el seguimiento integral de los casos de violencia de género. Además, ha resaltado la próxima aprobación en el Congreso de los Diputados, previsiblemente con un consenso muy amplio, de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorpora 461 nuevas medidas. En cuanto a los avances frente a la violencia sexual, la titular de Igualdad se ha referido a la ampliación de los derechos económicos de las víctimas, el aumento de los puntos de apoyo e información a las víctimas (conocidos como Puntos Violeta) y la apertura de 54 centros de crisis que funcionan las 24 horas del día. Respecto a estos centros, que constituían un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este año debe establecerse una cartera mínima de servicios conjunta y común en todo el territorio nacional. La reducción de las brechas de género es otra prioridad del Ejecutivo. Ana Redondo ha apuntado que el informe definitivo del Observatorio de Igualdad de la Unión Europea sitúa a España en el cuarto puesto en el índice de igualdad con 76,7 puntos, frente a la media europea de 71. "Ir achicando las brechas laborales y retributivas da buenos resultados a la economía, ahí están los resultados de 2024", ha indicado. En concreto, la brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo gracias a medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional -el 60% de los perceptores son mujeres-, el aumento de las pensiones, los permisos de paternidad y maternidad retribuidos y los planes de igualdad que se exigen a las empresas. En 2024 se alcanzó el récord de mujeres cotizantes, con más de 10 millones, y la brecha retributiva bajó 6,8 puntos. Respecto a la "brecha de representación", la ministra ha reconocido que sigue "muy presente" en las empresas, tanto en las grandes compañías que cotizan en bolsa como en las medianas y pequeñas. Por ese motivo, el Gobierno va a poner "especial énfasis" en la Ley de Paridad que se aprobó en 2024 y tiene que implementarse este año. Un dato positivo en este terreno es que ya son 157 las compañías que cuentan con el distintivo de igualdad. Redondo ha afirmado que al Ejecutivo también le preocupa especialmente la brecha de los cuidados, que trunca la carrera profesional de muchas mujeres. Entre las iniciativas desarrolladas para evitar esa discriminación, la ministra ha mencionado el Plan Corresponsables, dotado en 2024 con más de 190 millones de euros, que ha permitido poner en marcha más de 2.000 proyectos relacionados con la conciliación y los cuidados en los tres últimos años. La titular de Igualdad ha remarcado, por último, la voluntad del Ejecutivo de liderar no solo las políticas de igualdad, sino también una "alianza global" frente al negacionismo de la violencia de género que demuestre que las políticas de igualdad son rentables social y democráticamente y también desde el punto de vista económico.