El Gobierno vigilará a las redes sociales y obligará a los medios a hacer públicos sus dueños y la publicidad oficial que reciben

La CNMC tendrá poder para sancionar a las plataformas digitales e investigará algoritmos y vídeos manipulados con inteligencia artificial.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El primer paso para una nueva ley digital que da superpoderes de vigilancia a la CNMC (el organismo que supervisa los mercados) sobre las grandes plataformas de internet. Se les exigirá poner fácil el botón para denunciar contenidos ilegales, explicar con qué criterios recomiendan contenidos y avisar si un vídeo o audio es falso (creado con inteligencia artificial). Además, crearán un registro público donde todos los medios de comunicación deberán detallar quiénes son sus propietarios y cuánto dinero reciben de publicidad institucional.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Los ciudadanos y consumidores digitales, que en teoría tendrán más defensas frente a estafas online, bulos generados con IA y contratos con trampa en internet. También se busca mayor transparencia para que los lectores sepan quién financia cada medio de comunicación.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Hay dos detalles clave: el primero es que vigilar los complejos algoritmos de multinacionales tecnológicas mundiales como Meta, Google o TikTok requiere un ejército de inspectores técnicos con el que la CNMC no cuenta actualmente, por lo que corre el riesgo de ser una declaración de intenciones difícil de hacer cumplir. El segundo es el control político: el registro de medios y la supervisión de la desinformación pueden generar dudas sobre cómo se definirá qué contenido es lícito o no sin rozar la censura previa.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. Se trata del anuncio del proyecto de ley, que todavía debe tramitarse, debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados antes de publicarse definitivamente en el Boletín Oficial del Estado.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Espacio digital seguro

Redacción burocrática original:

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez La futura ley, según ha detallado el ministro, designa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo coordinador de servicios digitales, para lo que reforzará sus competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. La CNMC velará para que los proveedores de servicios digitales cumplan la ley, ha apuntado el ministro, por ejemplo, obligándoles a que dispongan de un canal para que los usuarios puedan denunciar contenidos ilícitos. Además, se les exigirá transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas. La norma también garantizará que el portal de entrada a cualquier servicio digital sea comprensible para el usuario y no dé lugar a manipulación o engaños. En este sentido, protegerá a los consumidores cuando realizan contratos 'on line' y combatirá prácticas de desinformación o de alto riesgo, como la manipulación electoral o el uso de la inteligencia artificial para suplantar la identidad de una persona. En este contexto, el ministro ha recordado que el reglamento europeo de inteligencia artificial ya obliga a los creadores de audio o video que identifiquen como tal un contenido generado por inteligencia artificial si tiene carácter de "ultrasuplantación" (deepfake). Óscar López también ha anticipado de que se creará un registro estatal de medios de comunicación para avanzar en la transparencia acerca de su propiedad, de sus vías de financiación y de la publicidad institucional que reciben. Los medios deberán mantener actualizada esta información en el registro, que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La futura norma, ha concluido el ministro, "refuerza los derechos de todos los ciudadanos y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, el sistema de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación".