Adiós a los trucos para que compres otro aparato: El Gobierno prepara la Ley de Consumo Sostenible

El Consejo de Ministros ha abordado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como una norma "ambiciosa" que entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo; además, concreta los preceptos constitucionales sobre la protección de la salud y los consumidores y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El primer pilar de la ley tiene que ver con el 'ecopostureo', la construcción de imágenes de marca referentes a la sostenibilidad de los bienes o servicios que se ofertan que no están basadas en datos contrastables o en prácticas reales. En transposición de una directiva europea, el texto establece un sistema para certificar de manera objetiva ese tipo de valoraciones sobre las cualidades o virtudes de un producto. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo La lucha contra la obsolescencia programada -la reducción intencional de la vida útil de productos como los electrodomésticos- constituye el segundo pilar de la norma. Se prohíbe, por ejemplo, inducir a la sustitución de elementos de un bien antes de que sea necesario y afirmar que el uso de recambios que no sean proporcionados por el productor puede afectar al funcionamiento de un bien cuando esto no es verdad. Igualmente, se regulan las actualizaciones de software; por ejemplo, se obliga a informar de que una actualización impedirá abrir ciertos programas o perjudicará al funcionamiento de un equipo. La promoción de la sostenibilidad constituye el tercer elemento central del texto. "Vamos a intervenir sobre el etiquetado de los bienes y productos para poder identificar aquellos que tengan una garantía superior a dos años", ha explicado el ministro. El cuarto pilar de la ley consagra el derecho a reparar. Los repuestos para un producto tendrán que estar disponibles hasta diez años después de que deje de fabricarse, se amplía el plazo de garantía de un bien cuando este se repare, y los productores asumirán una parte del coste de las reparaciones. La norma, por último, fortalece la garantía de los derechos de los consumidores y fomenta la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Entre otros muchos aspectos, se regula la publicidad que explota el miedo como emoción principal; se obliga a indicar de manera clara que se ha alterado el peso del contenido o el número de envases de un producto sin modificar su precio; se prohíbe la reventa de entradas para espectáculos por un precio que sea superior al de la venta original más el IPC, y se veta la publicidad de los vuelos cortos, los combustibles sólidos y los vehículos más contaminantes. Pablo Bustinduy ha remarcado que la filosofía que inspira el texto es "reconocer que la transición ecológica e industrial no puede recaer sobre una suma de responsabilidades individuales", sino que hay que "responsabilizar al sistema económico en su conjunto y transformar los modos de producción, de distribución y de consumo". El ministro ha abogado por asegurar que el acceso a un consumo sostenible y al bienestar en tiempos de cambio climático "no sea una cuestión de clase social o de capacidad de renta, sino un derecho universalmente garantizado".