Más lupa sobre los asesores y altos cargos: el Gobierno presenta su borrador de ley de transparencia

El anteproyecto prevé destapar el sueldo y patrimonio de los cargos de confianza y fiscalizar mejor los contratos públicos, pero aún debe superar el filtro del Congreso.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El primer borrador (anteproyecto) de la futura Ley de Administración Abierta. La medida busca obligar a publicar las agendas y viajes de los cargos públicos hasta el nivel de subdirector general, hacer público cuántos asesores nombrados a dedo hay y cuánto cobran, exigirles una declaración de bienes para evitar conflictos de intereses y endurecer las sanciones a los altos cargos que oculten información.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Los ciudadanos, la prensa y las organizaciones de control público, que sobre el papel dispondrán de más herramientas y datos abiertos para vigilar el uso del dinero de los contribuyentes, las reuniones de los políticos y la contratación de personal eventual en los ministerios.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Se trata únicamente de una declaración de intenciones en fase inicial. Al ser un anteproyecto, todavía no tiene validez legal inmediata: debe pasar por órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y someterse a la negociación parlamentaria, donde el texto suele rebajarse o demorarse durante meses. Además, medidas estrella como las «auditorías ciudadanas» o los «pactos de integridad» en adjudicaciones se redactan como una posibilidad voluntaria de la Administración y no como un mandato estricto e impepinable para todas las licitaciones.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no está en vigor ni se puede exigir su cumplimiento. Queda por delante toda la tramitación en el Congreso de los Diputados y el Senado hasta su aprobación definitiva y posterior publicación en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Futura ley de la Administración Abierta

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha presentado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que responde al compromiso del Gobierno con la democracia y con la transparencia. La norma forma parte del Plan de Acción por la Democracia y del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que "España es una de las democracias más avanzadas del mundo", pero el compromiso del Gobierno es "más democracia, más transparencia y más ejemplaridad". Además, ha recordado que ayer se aprobó el quinto Plan de Gobierno Abierto y que cada seis meses el informe 'Cumpliendo' recoge cómo el Ejecutivo cumple sus compromisos de investidura. El ministro para la Transformación Digital y Función Públíca, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Fernando Calvo Óscar López ha anunciado que la futura ley incluye la obligación de publicar las agendas institucionales y de viajes oficiales de los responsables de las administraciones hasta el nivel de subdirectores generales. Asimismo, se informará del número y condiciones retributivas del personal eventual y de los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo. Con este objetivo se reformará el Portal de Transparencia. El ministro también ha avanzado que se aplicará un régimen de detección y prevención de conflictos que se aplicará también al personal eventual, lo que incluirá incluso la presentación de una declaración de bienes y actividades. La futura norma establece asimismo la posibilidad de que las empresas que concurran a la licitación pública puedan ser obligadas a firmar un pacto de integridad que podrá ser monitorizado a lo largo de todos los procesos de contratación. Otro elemento novedoso es la posibilidad de establecer auditorías ciudadanas de distintos procesos de contratación de la Administración. López también ha indicado que la norma establece un régimen de infracciones y sancionador para el personal alto cargo que incumpla las obligaciones de transparencia.