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El plan combina ayudas directas, créditos y exenciones fiscales para los municipios arrasados, con 25.000 empleados públicos desplegados.
El Gobierno aprueba un paquete de rescate para agricultores y ganaderos que combina subvenciones a fondo perdido con reparación de caminos y préstamos ICO.
El Gobierno aprueba ayudas directas para negocios culturales que se vieron obligados a cerrar en Valencia y da más plazo a los jóvenes para gastar su Bono Cultural.
El Gobierno extiende las ayudas laborales a empresas afectadas indirectamente, crea un pago del 50% para autónomos y prohíbe cortar suministros a los damnificados.
El Consejo de Ministros aprueba el primer bloque de fondos para los 75 municipios arrasados por el temporal en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Se pone en marcha un comité interministerial de coordinación y se solicita formalmente a Bruselas que desbloquee el Fondo de Solidaridad y permita redirigir partidas comunitarias.
El Gobierno declara la emergencia de protección civil en las zonas golpeadas por el temporal para tramitar ayudas directas, exenciones de impuestos y reparaciones de urgencia.
El Gobierno diseña una estrategia en tres fases para auxiliar a los municipios golpeados por el temporal en la Comunidad Valenciana y otras provincias.
Los damnificados podrán posponer el IRPF a 2025, no pagarán IBI ni tasas por coches destrozados y podrán congelar sus préstamos bancarios hasta un año.
El Consejo de Ministros activa una línea de avales públicos para que familias, pymes y autónomos pidan créditos al banco. No es dinero regalado: es deuda que habrá que devolver.
El Gobierno cubrirá todos los gastos urgentes de auxilio y limpieza municipal, aunque los consistorios tendrán que buscar dinero para financiar el 50% de las reparaciones a largo plazo.
El Gobierno aprueba 838 millones en inyecciones directas a empresas y autónomos, cuadruplica las indemnizaciones a hogares y promete pagos en menos de 30 días.
Moncloa anuncia una primera batería de medidas urgentes para las zonas afectadas y avisa de que vendrán más decretos en las próximas semanas.
El Consejo de Ministros pone en marcha la nueva Autoridad del Informante y amplía la plantilla de la Fiscalía bajo el Plan de Acción por la Democracia.
El Ejecutivo presume del acuerdo industrial entre Airbus y TATA que generará carga de trabajo en Andalucía y aprovecha para felicitar los triunfos del fútbol español.
La reforma adapta los límites a la inflación y permite que empresas consideradas grandes pasen a ser medianas para ahorrarles trámites burocráticos.
El Gobierno envía al Congreso la ley que obligará a las compañías a detallar su huella ambiental y medidas anticorrupción, dejando exentas a la inmensa mayoría de las pymes.
El Consejo de Ministros designa nuevo embajador en Buenos Aires para normalizar relaciones y proteger intereses comerciales tras la crisis de mayo.
El exconcejal José Luis Peñas evita entrar en prisión tras recibir el perdón parcial del Ejecutivo por haber destapado la mayor trama de corrupción política.
La Fiscalía amplía efectivos creando dos áreas anticorrupción de élite y refuerzos específicos para el Campo de Gibraltar y juzgados de violencia sobre la mujer.