La Policía rastreará cuentas bancarias al instante y los presos podrán hacer videollamadas

El Gobierno aprueba agilizar el control del dinero sucio, crear unidades especializadas contra los delitos de odio y modernizar las comunicaciones en las prisiones.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un paquete de tres medidas clave de Interior: en primer lugar, permitir que la Policía y la Guardia Civil tengan acceso directo e inmediato al registro de cuentas bancarias y al organismo antiblanqueo para investigar el crimen organizado; en segundo lugar, cambiar el reglamento de las cárceles para que los presos puedan usar videollamadas con el exterior; y en tercer lugar, un plan con 86 medidas y grupos específicos en comisarías para perseguir los delitos de odio.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y de una reorganización interna de los recursos policiales y penitenciarios existentes.

¿Quién sale ganando con esto?

Los investigadores policiales, que se ahorran intermediarios y burocracia para seguir la pista del dinero delictivo; los reclusos y sus familias, que podrán mantener el contacto visual a distancia; y las víctimas de delitos de odio y discriminación, que contarán con brigadas especializadas dedicadas en exclusiva a sus casos.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El acceso policial directo a las cuentas bancarias todavía no entra en vigor: al ser un proyecto de ley orgánica, primero tiene que superar todo el trámite de debate y votación en el Congreso y el Senado. Además, en las prisiones el uso de videollamadas no será automático ni ilimitado, sino que estará sujeto a los medios tecnológicos de cada cárcel y al régimen de seguridad de cada interno.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada, el ciudadano de a pie no tiene que realizar ninguna gestión. El rastreo financiero tardará varios meses hasta que se apruebe la ley en las Cortes, mientras que las videollamadas en prisiones y el despliegue de las unidades de odio se pondrán en marcha tras la publicación de los cambios en el BOE y la ordenación interna de las comisarías.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Iniciativas contra los delitos financieros y de odio y para mejorar los derechos de los presos

Redacción burocrática original:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la nueva ley orgánica, que ahora se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, mejorará "el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada" al facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acceso directo e inmediato al Fichero de Titularidades Financieras y a la información y análisis del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por otra parte, la modificación del Reglamento Penitenciario permitirá que los internos puedan utilizar herramientas tecnológicas como las videollamadas en sus comunicaciones con el exterior, "facilitándoles así el ejercicio de sus derechos", ha dicho el ministro. Respecto al II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias, Grande-Marlaska ha afirmado que sus dos grandes objetivos son mejorar la prevención, investigación y lucha policial, y ofrecer asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas. Entre las 86 medidas que contiene, el Plan recoge la creación de grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas. Esta medida fue planteada en septiembre pasado en la Comisión de Seguimiento del I Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021, que se reunió bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Grande-Marlaska ha expresado su preocupación por el incremento de los delitos de odio en los últimos años, tanto en España como en el resto de la Unión Europa. Concretamente en nuestro país, ha detallado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio en 2021 frente a los 1.272 en 2016, lo que representa un incremento de un 41,6% en 5 años: "Son cifras que por sí solas describen un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes". El ministro ha subrayado la necesidad de "frenar esta tendencia al alza que muestran las estadísticas y reducir el fenómeno de la infradenuncia para impedir que estos comportamientos que nos agreden a todos queden sin el necesario castigo".