Obligarán a intentar un acuerdo previo antes de ir a juicio para desatascar los juzgados
El Gobierno impulsa la Ley de Eficiencia Procesal para potenciar la mediación y evitar que los conflictos cotidianos acaben colapsando los tribunales.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El impulso del proyecto de la Ley de Eficiencia Procesal. En cristiano: una reforma legal para obligar o incentivar a que ciudadanos y empresas intenten solucionar sus pleitos mediante mediadores, conciliadores o pactos directos antes de poder plantarle una demanda a alguien ante el juez.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
En teoría, los juzgados, que buscan quitarse de encima miles de litigios menores que los tienen atascados. También salen ganando los mediadores, árbitros y peritos independientes, que tendrán una nueva vía de negocio. Para el ciudadano de a pie puede ser útil si logra resolver una disputa rápido sin gastarse miles de euros en abogados y años de espera.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
Que si la parte contraria no tiene la menor intención de pactar, este paso previo puede convertirse en un peaje obligatorio que solo servirá para perder tiempo y dinero en honorarios de mediación antes de poder pisar un tribunal de verdad. Además, imponer mediaciones sobre el papel no soluciona la falta crónica de jueces, funcionarios y medios técnicos en los juzgados españoles.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni es obligatorio. Es un proyecto legislativo que todavía debe completar su tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado antes de publicarse en el BOE y entrar en vigor.
Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Eficiencia Procesal
Redacción burocrática original: