Luz verde a la reforma de los funcionarios: exámenes de rendimiento, pluses por objetivos y más promoción interna
El Gobierno envía al Congreso por la vía rápida la nueva Ley de Función Pública para evaluar el trabajo de los empleados del Estado y fijar un 30% de plazas para ascenso interno.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha enviado a las Cortes el Proyecto de Ley de Función Pública con trámite de urgencia. En cristiano: van a cambiar las reglas del juego para los empleados públicos del Estado. La norma promete evaluar el trabajo de los funcionarios (para cobrar complementos según su rendimiento), facilitar los ascensos sin tener que cambiar de puesto, modernizar las oposiciones y reservar más plazas para personas con discapacidad.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio que reorganiza la plantilla del Estado y su sistema de retribuciones.
¿Quién sale ganando con esto?
Los funcionarios que busquen ascender (se les reserva al menos un 30% de las plazas de nuevas convocatorias para promoción interna) y las personas con discapacidad (su reserva sube al 10%). Sobre el papel, los ciudadanos deberían ganar con una Administración más ágil y orientada a resultados, aunque eso dependerá de cómo se aplique en ventanilla.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
La gran trampa de esta ley está en cómo se va a medir el rendimiento de los funcionarios. Evaluar la productividad en la Administración Pública suele ser un campo de minas sindical y político: si los complementos salariales acaban repartiéndose de forma automática como hasta ahora, el examen de desempeño se quedará en papel mojado. Además, al tramitarse por la vía de urgencia, se recortan los tiempos de debate parlamentario para colar exigencias de Bruselas vinculadas a los fondos europeos.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. El texto tiene que pasar primero el debate y votación en el Congreso y el Senado, donde los grupos políticos podrán meter enmiendas antes de su aprobación definitiva y publicación en el BOE.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Modernización de las Administraciones Públicas
Redacción burocrática original: