El Gobierno mete la tijera a las VTC y da barra libre a ayuntamientos y autonomías para limitar a Uber y Cabify

Tras las sentencias de la justicia europea, el Consejo de Ministros blinda al taxi como servicio público y fija nuevas trabas ambientales y de flota para los vehículos con conductor.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un decreto urgente para transponer a toda prisa varias directivas europeas que España tenía pendientes (sobre conciliación familiar, blanqueo de capitales o contenidos terroristas) y, de paso, una nueva regulación para las VTC (Uber, Cabify o Bolt) que busca esquivar los últimos reveses judiciales de la Unión Europea.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

El sector del taxi tradicional es el gran beneficiado, ya que se le reconoce legalmente como servicio de interés público. También ganan las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, que reciben el poder legal para restringir nuevas licencias de VTC alegando problemas de tráfico o contaminación. En el lado perdedor quedan las plataformas de VTC y los usuarios que demandan más competencia y disponibilidad de coches en las ciudades.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo a la jugada! Como la justicia europea tumbó la limitación fija de 1 VTC por cada 30 taxis por considerarla discriminatoria, el Ejecutivo ha buscado un atajo: permitir que los gobiernos locales y autonómicos pongan trabas y recorten licencias usando como escudo la gestión del tráfico y la reducción de emisiones de CO2. Además, obligan a que el titular de la VTC tenga el vehículo en propiedad o en alquiler por más de tres meses, encareciendo y cerrando la puerta a contratos temporales o conductores esporádicos.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

La normativa entra en vigor de forma automática tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el recorte real de coches VTC en la calle dependerá de lo rápido que cada ayuntamiento y comunidad autónoma elabore sus propias ordenanzas y aplique las restricciones ambientales permitidas.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Trasposición de directivas y regulación de las licencias de VTC

Redacción burocrática original:

Un segundo grupo de medidas aprobadas hoy traspone directivas ya vencidas o adapta el marco normativo español a sentencias comunitarias. El objetivo, según ha detallado Calviño, es incorporar las directivas sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otras. Además, el Ejecutivo ha adaptado el régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año. La vicepresidenta primera ha señalado que las principales novedades, que se han trabajado con el sector, consisten en exigir que el titular de la autorización para VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un período superior a tres meses; aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2; apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, con requisitos de calidad también más exigentes; y otorgar nuevas herramientas a comunidades autónomas y entidades locales para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros atendiendo a consideraciones de buen funcionamiento, gestión del tráfico y medioambientales.