El Gobierno prorroga la rebaja del IVA a los alimentos, los abonos de transporte y las ayudas al gasóleo hasta el 31-12-2023

Entre las actuaciones que se amplían hasta el 31 de diciembre, figuran la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes y los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible; la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos y la bajada al 5% para aceites y pastas alimenticias; y las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales y agricultores y ganaderos (la bonificación será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año). Además, se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y, por tanto, no se benefician de esa bonificación, así como para los servicios de transporte marítimo de interés público. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Fernando Calvo La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que también se prorrogan varias de las medidas en materia energética "que han sido muy eficaces para rebajar la factura eléctrica" y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano. Igualmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social y en los ámbitos laboral e hipotecario. Este conjunto de actuaciones movilizará 3.800 millones de euros adicionales, según ha apuntado Nadia Calviño. "Estamos hablando de unas ayudas totales, entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra", ha explicado la vicepresidenta. Junto a estas medidas con impacto fiscal, se refuerza la protección de colectivos vulnerables, ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía en empresas que reciban ayudas públicas. Además, se adopta el "derecho al olvido oncológico" de las personas que han padecido un cáncer en la contratación de cualquier producto, financiero o no, transcurridos cinco años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior.