El Gobierno frena en seco el intento del Senado de suprimir el Impuesto de Sucesiones
Moncloa exige a la Cámara Alta paralizar la ley para eliminar el tributo de herencias y donaciones bajo amenaza de llevar el caso al Tribunal Constitucional.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha enviado una orden formal a la Mesa del Senado para que frene de inmediato una propuesta de ley que busca eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España. Desde el Ejecutivo recuerdan que la Constitución prohíbe tramitar leyes que recorten los ingresos del Estado sin su visto bueno previo y avisan de que, si no paran la tramitación, acudirán directamente al Tribunal Constitucional.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un choque institucional y normativo. Sin embargo, el Gobierno calcula que suprimir este impuesto supondría dejar de recaudar unos 2.800 millones de euros en las arcas públicas, lo que equivale a unos 58,33 € por español al año en ingresos fiscales que dejarían de entrar en el sistema.
¿Quién sale ganando con esto?
De momento, el pulso político lo mantiene el Gobierno central para blindar los ingresos tributarios que nutren a las comunidades autónomas. Si la ley siguiera adelante y saliera aprobada, saldrían ganando los ciudadanos y familias que reciben herencias o donaciones, pero por ahora esa supresión queda completamente bloqueada.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! Aunque en la calle se debata sobre la eliminación total de pagar por heredar, el Impuesto de Sucesiones está cedido a las Comunidades Autónomas, muchas de las cuales ya aplican bonificaciones de hasta el 99%. La trampa de este pulso es que se trata de una batalla de competencias y procedimientos: el Gobierno tiene la potestad constitucional de vetar iniciativas legislativas que reduzcan la recaudación presupuestaria.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: el ciudadano no tiene que hacer ningún trámite. El Senado debe decidir ahora si da marcha atrás o si desoye al Gobierno, en cuyo caso la disputa acabará en manos del Tribunal Constitucional, lo que congelará la tramitación durante meses.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Requerimiento a la Mesa del Senado
Redacción burocrática original: