Macrodecreto exprés de reformas en Justicia y Función Pública para desbloquear 10.000 millones de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de reformas para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. La tramitación de algunas de estas normas ya estaba muy avanzada al finalizar la legislatura anterior. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que el compromiso del Gobierno era aprobar estas iniciativas antes de que terminara el año. Una vez que el real decreto-ley se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea el desembolso de los 10.000 millones de euros correspondientes a la Adenda del PRTR. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Bolaños ha destacado que España es el estado que más fondos europeos está recibiendo -37.000 millones en transferencias hasta ahora- y que "somos un país y un Gobierno que claramente cumple sus compromisos con la Comisión Europea y también con mejorar día a día la vida de los ciudadanos y las ciudadanas". La parte fundamental del texto se refiere a la mejora del servicio público de justicia. El ministro lo ha calificado como "el mayor avance en transformación digital de la historia de la justicia que, además, se convierte en un servicio más ágil y más público". Un primer bloque de medidas busca "adaptar la justicia de una vez por todas al mundo digital que hoy se vive con toda normalidad en las administraciones públicas y también en la vida cotidiana de los ciudadanos", según ha explicado Bolaños. A partir de mañana -ha apuntado -, el derecho de los ciudadanos, las empresas y todas las personas a acceder a la justicia por medios electrónicos será la norma y no la excepción. Entre las aplicaciones concretas de este cambio, el ministro ha señalado la celebración de vistas, juicios y actos procesales a través de medios telemáticos y la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar todos sus expedientes en distintos ámbitos jurisdiccionales y juzgados, y del Expediente Judicial Electrónico. Además, se fortalece la interoperabilidad entre los diferentes órganos que intervienen en la labor de la justicia. "Gestiones que antes podían durar meses y eran un papeleo que para muchos ciudadanos y profesionales era insoportable ahora se podrán gestionar en días", ha señalado el titular de Justicia. Un segundo bloque de reformas relacionadas con la justicia busca aumentar la eficiencia procesal para garantizar la agilidad de los procedimientos y afrontar el aumento de la litigiosidad en España. También en el ámbito penal, las vistas se harán preferentemente de manera telemática. Y en la jurisdicción contencioso-administrativa, se dota a los juzgados y a los tribunales de herramientas para agilizar la tramitación de los procedimientos. En este ámbito y en el civil, se reducen las cuantías del juicio verbal, se agilizan los procedimientos de familia y la ejecución de sentencias y se crea el 'procedimiento testigo': cuando exista una reiteración de procedimientos, se suspenderán todos salvo el primero para que en él se pueda establecer doctrina sobre los demás. Los ministros Yolanda Díaz, Pilar Alegría, Félix Bolaños y Mónica García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Otra batería de iniciativas tiene como objetivo fundamental modernizar la Administración Pública. Félix Bolaños ha indicado que muchas de ellas derivan del Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007 y aún no se han implementado en algunos aspectos. Entre los cambios, figura el refuerzo de la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y el establecimiento de la carrera profesional horizontal, es decir, que se pueda progresar por tramos desde el mismo puesto en la Administración o la empresa pública. Además, se regula la figura de los directivos profesionales públicos en el ámbito de la Administración General del Estado -lo que equivale a los subdirectores generales-, pero también en el caso de las empresas públicas. Otra novedad esencial es la planificación estratégica de recursos humanos en aspectos como la profesionalización de los tribunales, un modelo de selección más ágil y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una agencia. Otro grupo de medidas se centra en los municipios, con el ánimo de facilitar que la ciudadanía ejerza sus derechos y reciba los servicios públicos de la manera más rápida y cercana posible. Con esta meta, se desplegará un gran abanico de servicios públicos locales a través de medios digitales y se apoyará especialmente a los pequeños municipios en la prestación de estos servicios. Como ejemplo, Bolaños ha citado que el padrón municipal se podrá actualizar en tiempo real, de tal manera que los cambios se reflejarán en el mismo día. Por último, el real decreto-ley mejora los incentivos fiscales al mecenazgo, incrementando del 35% al 40% los porcentajes de deducción aplicables tanto a personas físicas como jurídicas. Además, amplía de 150 a 250 euros la cuantía del micromecenazgo y también actualiza la relación de actividades económicas que dan lugar a deducciones en el Impuesto de Sociedades.