Volver a PortadaReunión del Consejo: 08-03-2024
08-03-20242 min de lectura1 visitas

El Gobierno reactiva la Ley contra la Trata: permisos de trabajo, vivienda y ayudas para las víctimas sin obligarlas a denunciar

El nuevo anteproyecto blindará a las personas explotadas para evitar su expulsión, dándoles acceso preferente al Ingreso Mínimo Vital y a pisos públicos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha vuelto a poner en marcha el anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos (que se quedó en el tintero en la pasada legislatura por el adelanto electoral). La norma persigue todas las formas de explotación (sexual, laboral, matrimonios forzados o tráfico de órganos) y otorga a las víctimas en situación irregular un permiso provisional de residencia y trabajo para que puedan rehacer su vida sin miedo a ser deportadas.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos cuantificado en este acuerdo; se trata del inicio de una tramitación legislativa. Las futuras indemnizaciones a las víctimas se financiarán prioritariamente con el dinero y los bienes incautados a las mafias y redes criminales, aunque los accesos a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital saldrán de la caja común de la Seguridad Social.

¿Quién sale ganando con esto?

Las personas atrapadas en redes de explotación y trata de personas en España. Podrán acceder a asistencia jurídica gratuita, prioridad para adjudicación de vivienda pública, ayudas sociales y permiso para trabajar legalmente, con una novedad clave: no será obligatorio haber puesto una denuncia penal previa contra sus explotadores para recibir esta protección y auxilio.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Por ahora es solo un anteproyecto que vuelve a la casilla de salida tras decaer en las Cortes. Para que sea una realidad aplicable aún tiene que pasar por informes consultivos, volver al Consejo de Ministros, enviarse al Congreso y superar toda la negociación parlamentaria de enmiendas y votaciones. Además, la prioridad en vivienda pública dependerá de la gestión real que hagan las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en sus respectivos parques de pisos sociales.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. Al ser un anteproyecto de ley, le queda por delante un largo trámite en las Cortes Generales que suele demorarse bastantes meses antes de su publicación definitiva en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Futura Ley de Trata

Redacción burocrática original:

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El Gobierno ha presentado de nuevo el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos tras pararse su tramitación en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones. La titular de Igualdad ha destacado el carácter transversal de la norma, que incorpora medidas de todos los ministerios, y que es una "ley centrada en la prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas". Redondo ha incidido en que la futura ley pretende actuar frente a todas las formas de trata, como la laboral, la sexual, los matrimonios concertados o el tráfico de órganos. Además, prevé que las víctimas en situación irregular en España dispongan de un permiso de residencia y de trabajo provisional hasta que se certifique su condición definitiva de víctima de trata. "Muchas veces la denuncia es difícil por miedo y, por lo tanto, hay que proteger y acompañar en todo momento", ha argumentado la ministra. Las víctimas también tienen garantizado que no serán expulsadas del país y que podrán acceder a los derechos y ayudas que reconoce la ley. Ana Redondo ha precisado que tienen derecho a la percepción del Ingreso Mínimo Vital, a ser un colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública, a asistencia letrada y a recibir indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y a los grupos de trata. La ministra ha resaltado que estos derechos están reconocidos sin necesidad de interponer denuncia.