Inyección de 42 millones para el Gran Telescopio de Canarias y letrados para el caso de Gaza ante la justicia internacional
El Gobierno sella el convenio de financiación de la gran instalación científica de La Palma y nombra a los juristas que defenderán la postura de España ante la Corte Internacional de Justicia.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno ha dado luz verde a dos acuerdos distintos en el mismo paquete: por un lado, renueva el convenio de financiación para mantener en marcha el Gran Telescopio de Canarias (el Estado asume el grueso del dinero y el Gobierno canario la otra parte). Por otro lado, autoriza formalmente a dos funcionarios y letrados del Estado para representar a España ante el Tribunal Internacional de Justicia en el procedimiento sobre la Franja de Gaza.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
42,3 millones de euros de fondos del Estado (a los que el Gobierno canario sumará 20 millones adicionales de su presupuesto regional). Con la aportación estatal de 42,3 millones, salimos a unos 0,88 € por español (unos 88 céntimos por cabeza). La designación de los dos letrados no supone una partida extra aparte, ya que se trata de personal y funcionarios que ya forman parte de la estructura pública.
¿Quién sale ganando con esto?
La comunidad científica, los astrofísicos y el personal técnico de las instalaciones de La Palma, que aseguran la operatividad técnica de uno de los telescopios ópticos más avanzados del mundo.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
El convenio está condicionado a la cofinanciación autonómica: el Gobierno de Canarias debe aportar religiosamente sus 20 millones de euros para cubrir el coste total previsto. Además, en la nota oficial hay un descuadre de porcentajes de imprenta (hablan de 66% y 44%, lo que sumaría 110%), aunque las cifras en euros son las que marcan el desembolso real exigible a cada administración.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Entra en vigor de forma inmediata tras la firma del convenio entre el Ministerio y el Gobierno autonómico. Al ser una transferencia directa entre administraciones e instituciones públicas, el ciudadano de a pie no debe realizar ningún trámite.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
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Redacción burocrática original: