El Gobierno lleva al Constitucional las leyes LGTBI y trans de Madrid para frenar sus recortes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en la rueda de prensa tras el Consejo de MInistros. | Foto:Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa El Consejo de Ministros ha acordado interponer recursos de constitucionalidad contra dos leyes aprobadas en 2023 por la Comunidad de Madrid por considerar que recortan derechos de las personas trans y las personas LGTBI reconocidos en la normativa autonómica previa y, sobre todo, en la legislación estatal. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que, en vez de "ir más allá" en la defensa y la garantía de los derechos de sus ciudadanos, las leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid "son claramente regresivas". Redondo también ha destacado que el Gobierno negoció con el Ejecutivo autonómico para acordar una solución a través de una comisión bilateral, como establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero "no ha habido avances" en las reuniones mantenidas. Los recursos se basan, fundamentalmente, en cuatro motivos. En primer lugar, la ley estatal prohíbe de manera absoluta las llamadas 'terapias de conversión', en línea con lo establecido por la comunidad científica internacional y la jurisprudencia, mientras que en la normativa de la Comunidad de Madrid "se abre la puerta a que haya una evaluación psiquiátrica, un acompañamiento psicológico que, en muchas ocasiones, está encubriendo las terapias de aversión, las terapias de reconducción", según ha argumentado Ana Redondo. El segundo motivo de inconstitucionalidad que alega el Gobierno es la patologización de los menores trans en la legislación autonómica al obligarles a un proceso de acompañamiento psicológico y psiquiátrico y a un informe obligatorio previo al inicio de cualquier terapia de transición. Esta razón -ha apuntado la ministra- es precisamente la que motiva el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Defensor del Pueblo y ya ha sido admitido a trámite por el Constitucional. En tercer lugar, el Ejecutivo considera que la normativa de la Comunidad de Madrid discrimina a las mujeres trans al señalar que podrán utilizar aquellos lugares o equipamientos comunes si no menoscaban los derechos y la intimidad del resto de mujeres y niñas. "Lo consideramos claramente discriminatorio", ha afirmado la responsable del Ministerio de Igualdad. Ana Redondo ha indicado que la cuarta motivación de los recursos es la invasión de competencias, ya que las dos leyes madrileñas excluyen a las organizaciones LGTBI de la legitimación activa para interponer recursos en el ámbito penal y en el contencioso-administrativo como participantes interesados en los procesos. Se trata de una cuestión que es competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, esas normas atentan contra la distribución competencial fijada en la Constitución. El recurso suspenderá los efectos de las leyes autonómicas, según ha remarcado la ministra: "Es un avance importante que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad de derechos, porque nos sentimos orgullosos de la diversidad y de manifestarnos libremente iguales".