El Gobierno cede a Cataluña la selección de los secretarios e interventores que controlan el dinero de los ayuntamientos
La Generalitat volverá a organizar las oposiciones de los funcionarios que fiscalizan las cuentas municipales, una exigencia de Junts para cubrir plazas vacantes.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Consejo de Ministros ha modificado por Real Decreto-ley la Ley de Bases del Régimen Local para transferir a la Generalitat de Cataluña la potestad de convocar, gestionar y seleccionar a los funcionarios con habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros municipales). Se devuelve así a la administración catalana una competencia sobre estos cuerpos de control local que ya tuvo entre 2007 y 2013.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio sobre quién diseña y ejecuta los exámenes y la gestión de las plazas.
¿Quién sale ganando con esto?
Salen ganando el Govern catalán y los partidos nacionalistas que lo reclamaban (especialmente Junts), además de los aspirantes catalanes que quieran asegurarse una plaza en su comunidad sin riesgo de ser destinados a otras partes de España. También se busca aliviar la falta de personal en los ayuntamientos catalanes, que acumulan el mayor porcentaje de plazas vacantes de toda España.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! La figura del habilitado nacional (interventores y secretarios) existe precisamente para garantizar la legalidad jurídica y fiscalizar los gastos de los alcaldes con independencia estatal. Al fraccionar las oposiciones y dejarlas en manos de una comunidad autónoma, diversos colectivos y asociaciones de funcionarios alertan de que se debilita el control estatal y la homogeneidad en la vigilancia del dinero público municipal.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Entra en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero la medida está condicionada: el Congreso de los Diputados debe convalidar el Real Decreto-ley en un plazo máximo de 30 días para que no decaiga.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Devolución a Cataluña de la selección de los habilitados nacionales
Redacción burocrática original: