Volver a PortadaReunión del Consejo: 02-12-2025
02-12-20252 min de lectura2 visitas

Vía libre a los ayuntamientos para gastar sus ahorros y un año de tregua a los autónomos con la factura digital

El Gobierno autoriza a municipios y comunidades a utilizar el superávit de 2024 en obras y servicios públicos, mientras retrasa a 2027 el temido sistema Verifactu para pymes y autónomos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Dos medidas de calado en un solo paquete: por un lado, permiten que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se gasten el dinero que les sobró en 2024 (el superávit) en proyectos como alumbrado, vivienda, tuberías de agua o servicios sociales. Por otro lado, dan una prórroga de un año entero a pymes y autónomos para adaptar por ley sus programas informáticos de facturación a los requisitos de Hacienda (el sistema Verifactu).

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio que autoriza a las administraciones a desbloquear sus propios ahorros ya existentes y flexibiliza un calendario técnico.

¿Quién sale ganando con esto?

Por una parte, los alcaldes y presidentes autonómicos con cuentas saneadas, que podrán acometer reformas y mejoras urbanas. Por otra parte, miles de autónomos y pequeños empresarios, que se quitan de encima la presión inmediata de pagar de su bolsillo la actualización de su software de facturación antes del plazo previsto inicialmente.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Con el superávit solo podrán invertir los ayuntamientos y regiones que hayan cerrado 2024 con saldo positivo; si tu municipio está endeudado o en números rojos, no habrá ni un euro extra para obras. Además, el dinero no es de libre disposición: la ley obliga a destinarlo a proyectos muy tasados (vivienda, eficiencia energética, gestión del agua o residuos). Y en cuanto a los autónomos, no se elimina la exigencia de Verifactu: simplemente es una patada hacia adelante para ganar tiempo, pero la obligación de cambiar el sistema informático y asumir ese coste acabará llegando.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Entra en vigor de forma inmediata tras publicarse en el BOE. El superávit local y autonómico se podrá gastar a lo largo de 2025, 2026 y 2027. Para autónomos y empresas, los plazos límite para adaptar sus sistemas informáticos cambian: la fecha que vencía el 01-01-2026 se traslada al 01-01-2027, y la que fijaba el 01-07-2026 pasa ahora al 01-07-2027.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Superávit de 2024 para inversiones locales y regionales sostenibles

Redacción burocrática original:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que el real decreto-ley, por otra parte, permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante el año 2024 en inversiones financieramente sostenibles durante 2025, 2026 y 2027. Así, tal y como ha detallado la portavoz del Ejecutivo, comunidades y ayuntamientos podrán utilizar estos recursos en servicios como los de abastecimiento de agua, alumbrado público, vivienda, recogida de residuos, asistencia social o inversiones con efectos positivos frente al cambio climático y para la mejora de la eficiencia energética. Además, la norma contempla una prórroga hasta 2027 para que pymes y autónomos cumplan los requisitos establecidos en el denominado "Reglamento Verifactu" para sus sistemas informáticos de facturación. De esta forma, ha concretado Alegría, aquellas empresas cuyo plazo para llevar a cabo esta adaptación comenzaba el 1 de enero de 2026 podrán realizarla a hasta el 1 de enero de 2027, mientras que aquellas que tenían como plazo el 1 de julio de 2026 podrán adaptar sus sistemas informáticos hasta el 1 de julio de 2027.