Luz verde a la regularización extraordinaria de migrantes: requisitos, fechas y cómo pedir los papeles de trabajo y residencia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo Elma Saiz ha destacado que el proceso de regularización cuenta con una "triple legitimidad". En el plano social, ha recordado que la iniciativa legislativa popular que lo impulsó fue respaldada por más de 700.000 firmas, 900 asociaciones y la Iglesia Católica. En el ámbito político, la propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo uno. Por último, en el plano económico, ha recibido el aval tanto de la patronal como de los sindicatos. "Permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica", ha remarcado la portavoz de Gobierno. Elma Saiz también ha explicado que el real decreto ha recibido el aval de "importantes organismos", como el Consejo Económico y Social, que en su informe sobre la realidad migratoria en España ha subrayado que la regularidad administrativa es un elemento clave para lograr una integración plena y efectiva de las personas migrantes. Asimismo, la norma ha obtenido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, especialmente en lo relativo a la idoneidad de tramitar el procedimiento por la vía reglamentaria, "tal y como siempre hemos defendido". Además, ha señalado que este órgano ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización, entre ellos la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa. Esta regularización extraordinaria es el primer hito del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. La portavoz de Gobierno ha advertido que la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, 16 de abril, fecha desde la cual se podrán presentar las solicitudes, con el plazo abierto hasta el 30 de junio. Ha detallado que, para acceder al proceso, será necesario acreditar la presencia en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. "Todos los documentos justificativos deberán en cualquier caso ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos", ha insistido Saiz. Quienes cumplan estos requisitos podrán obtener una autorización de residencia y trabajo, así como acceso a la Seguridad Social y a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, con una vigencia inicial de un año. "Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería", ha indicado. Para realizar su solicitud de regularización, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una cada provincia, y a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades mayores de 50.000 habitantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo Asimismo, ha señalado Saiz que las solicitudes podrán presentarse tanto por vía telemática, disponible las 24 horas del día a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como de forma presencial, en este caso con cita previa. La atención en oficinas comenzará el 20 de abril. Saiz ha subrayado que la vía telemática será la más ágil y permitirá realizar el trámite directamente o a través de representantes y entidades colaboradoras. Ha destacado que el Gobierno ha diseñado un amplio dispositivo para garantizar el buen desarrollo del proceso, con cerca de 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y el refuerzo de más de 550 profesionales. Según ha indicado, la gestión se centralizará a través de la plataforma Mercurio, con el objetivo de asegurar una tramitación ágil y ordenada, sin que se resienta la atención habitual de los servicios públicos.