Jueces y policías podrán exigir datos de chats y redes a empresas europeas en solo 8 horas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo El Consejo de Ministros ha abordado la futura ley que garantizará que los jueces, fiscales y policías puedan acceder de una forma ágil y fiable a pruebas electrónicas en procedimientos judiciales transfronterizos, es decir, que afectan a más de un país dentro de la Unión Europea. La norma incorporará al ordenamiento jurídico el denominado paquete e-evidencie, que incluye una directiva y un reglamento europeos para reforzar la cooperación judicial entre los estados miembros. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que las pruebas digitales son fundamentales en cualquier procedimiento judicial, de tal manera que "la Justicia ha de poder actuar con rapidez, agilidad y eficacia para impedir que se pierdan". Bolaños ha añadido que el crimen organizado actúa en varios países simultáneamente y que las investigaciones penales dependen de pruebas digitales que "no entienden de fronteras ni entienden de ninguna limitación que tenga que ver con el territorio de un Estado". La novedad más significativa de la ley, según ha expuesto el ministro, es que permite que los jueces, fiscales y las fuerzas que actúan como policía judicial -Policía Nacional y Guardia Civil-, puedan solicitar al prestador de servicios digitales, en condiciones de extrema urgencia, la conservación o entrega de la prueba. En la actualidad, el modelo de cooperación judicial europea supone que un juez de un Estado miembro realiza esa solicitud a otro juez de otro Estado miembro directamente o a través de Eurojust, por lo que "tiene limitaciones significativas en materia de eficacia". La directiva obliga a las empresas prestadoras de servicios digitales a nombrar un representante dentro de la Unión Europea, a quien se le dirigirán las solicitudes. Así, todas las empresas tecnológicas que presten servicios de telefonía, mensajería, redes sociales o almacenamiento en la nube podrán ser requeridas, cuando entre en vigor esta ley, directamente por jueces, fiscales y policía para que entreguen o conserven una prueba. Tendrán un plazo de 10 días para entregar la documentación, si bien, con carácter excepcional, se puede reducir a las ocho horas. El plazo para que conserven una prueba digital es de cuatro horas. El ministro ha señalado que es una "norma muy ambiciosa que pone a todos los países de la Unión Europea en un nuevo estadio de cooperación a los efectos de conservación y de entrega de pruebas digitales". Bolaños confía en que será aprobada en el Parlamento español, dado que fue aprobada por el parlamento europeo por una amplísima mayoría.