Volver a PortadaReunión del Consejo: 14-04-2026
14-04-20262 min de lectura1 visitas

Escudo legal contra las demandas mordaza: así se busca frenar el acoso judicial a periodistas y activistas

El Gobierno inicia el trámite para archivar por la vía rápida las querellas abusivas que buscan asfixiar económicamente a quien investiga o denuncia.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El primer borrador de dos leyes para frenar las conocidas como 'demandas mordaza' (directiva anti-SLAPP). La idea es evitar que empresas, políticos o personas con recursos utilicen los tribunales para intimidar o arruinar a periodistas y activistas con pleitos sin base real, permitiendo a los jueces archivar estos casos de inmediato y castigar con multas duras a los demandantes abusivos.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Los profesionales de la información, activistas, sindicatos y colectivos ciudadanos que participan en debates públicos o destapan irregularidades. Además, las asociaciones y sindicatos podrán personarse formalmente en el juicio para pagar la defensa y arropar al demandado.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

La clave estará en el criterio de los jueces para determinar con rapidez qué demanda es 'abusiva' y cuál no. Mientras el juez no dicte el archivo temprano, la persona denunciada seguirá sufriendo el desgaste psicológico y burocrático del inicio de un procedimiento judicial.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede aplicar ni pedir nada. Solo son anteproyectos de ley aprobados en Consejo de Ministros que todavía deben pasar por el Congreso y el Senado para su debate, enmiendas y votación final antes de entrar en vigor.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Directiva anti-SLAPP

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha presentado dos anteproyectos para transponer al ordenamiento jurídico español la conocida Directiva anti-SLAPP, que está incluida en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024. Félix Bolaños ha explicado que la directiva trata de evitar que personas que participan en el debate público, como periodista o activistas, puedan sufrir persecuciones policiales con demandas infundadas para evitar que sigan ejecutando su trabajo. "Pretendemos que, con la aprobación definitiva de esta ley, todas las asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades representativas puedan ser parte en los procedimientos judiciales junto con la persona que ha sido demandada, para apoyarle, cubrirle y acompañarle en el proceso judicial", ha concretado. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo El ministro ha avanzado que la futura norma exigirá cauciones mucho más elevadas a los demandantes para cubrir las eventuales costas por la desestimación de sus demandas y establece procedimientos muy ágiles de desestimación temprana de la demanda cuando se manifieste infundada. Asimismo, la norma incorpora otras medidas correctivas frente a las acciones abusivas, como la condena a costas sin el límite legal establecido, la indemnización por daños y perjuicios, la imposición de multas disuasorias o la publicación de la resolución judicial en medios de comunicación.