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El Gobierno remite al Congreso la ley que regulará las ayudas agrarias comunitarias, imponiendo trámites 100% electrónicos y un control exhaustivo de agua y fitosanitarios.
El Ejecutivo presenta su estrategia para transformar residencias, ayuda a domicilio y empresas sociales con dinero de la Unión Europea.
La nueva ley obligará a eléctricas, teleoperadoras y bancos a responder quejas en 15 días y prohibirá cortar el suministro mientras haya una reclamación abierta.
Se renueva la ley de cooperación internacional para fijar por obligación legal el envío de fondos al extranjero e inyectar de golpe 32 millones a entidades del sector.
El Gobierno desbloquea tres paquetes de fondos europeos que gestionarán las comunidades para modernizar diagnósticos médicos y atender a colectivos vulnerables.
Se modifican las normas y la base de datos nacional donde los ciudadanos dejan por escrito qué cuidados médicos o tratamientos desean recibir si pierden la consciencia o capacidad de decisión.
El Consejo de Ministros pone sobre la mesa fondos millonarios para cooperativas, sanidad y dependencia, al tiempo que obligará por ley a que un humano conteste al teléfono en menos de tres minutos.
El Consejo de Ministros envía al Congreso un proyecto de ley para obligar a la administración a medir con lupa los resultados del dinero de todos.
El Gobierno lanza el macroplan PERTE Chip para diseñar y producir semiconductores, aunque la lluvia de millones dependerá de convencer a gigantes tecnológicos extranjeros.
El Consejo de Ministros lanza el PERTE de semiconductores para fabricar chips en España y aprueba una convocatoria masiva de 44.787 puestos para la Administración.
El Gobierno reparte los fondos entre las comunidades autónomas para garantizar asistencia psicológica y jurídica continua en todo el país.
Moncloa saca la mayor oferta de empleo público hasta la fecha, combinando nuevos puestos para opositores con la obligación legal de hacer fijos a miles de interinos.
El Gobierno impone límites al gasto energético en los edificios del Estado y refuerza el trabajo a distancia de los empleados públicos para ahorrar en climatización y transporte.
El Gobierno envía al Congreso una reforma integral del sector marítimo que mejorará el retiro de más de 5.300 trabajadoras y evitará la especulación con los derechos de captura.
El Ejecutivo autoriza una partida económica destinada a programas del sector primario que deberán gestionar y repartir las comunidades autónomas.
El Gobierno declara de interés general 240 reformas para reducir el consumo eléctrico y mejorar las instalaciones de la Policía y la Guardia Civil.
El Gobierno aprueba una declaración institucional con motivo del 17-05 y anuncia que la línea de apoyo emocional y asesoramiento estará operativa en verano.
El Gobierno aprueba el proyecto de ley que elimina los tres días de reflexión para abortar, garantiza la intervención en la sanidad pública y crea bajas laborales por menstruaciones incapacitantes.
El Gobierno sella acuerdos con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para probar itinerarios de inserción laboral con 130.000 personas vulnerables.
El Consejo de Ministros reparte dinero público para financiar cursos a trabajadores, desempleados y actualizar los centros educativos.