Volver a PortadaReunión del Consejo: 13-10-2020
13-10-20202 min de lectura8 visitas

Hacienda aprieta las tuercas: adiós a pagar más de 1.000 euros en efectivo y lupa a las criptomonedas

El Gobierno envía al Congreso su ley antifraude con la que espera recaudar 800 millones extra vigilando el 'software' de los comercios y recortando el dinero en metálico.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El inicio del trámite en el Congreso de la nueva ley contra el fraude fiscal. Entre las medidas estrella, prohíben por ley las amnistías fiscales, bajan el tope de pago en efectivo entre profesionales de 2.500 a 1.000 euros, obligan a declarar las criptomonedas y vetan los programas informáticos que permitan llevar una 'caja B' o doble contabilidad en los comercios.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. De hecho, el Gobierno calcula que conseguirá recaudar unos 800 millones de euros adicionales al año persiguiendo el dinero oculto.

¿Quién sale ganando con esto?

Las arcas del Estado y los ciudadanos que pagan religiosamente cada céntimo de sus impuestos. Pierden margen de maniobra quienes intenten ocultar ingresos, las empresas que usan programas trampa de facturación y quienes operan con criptoactivos al margen de Hacienda.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El recorte del pago en efectivo a 1.000 euros afecta de lleno a pequeños autónomos, albañiles, fontaneros y talleres, obligando al uso generalizado de bancos y datáfonos (con sus correspondientes comisiones bancarias). Además, la promesa de recaudar 800 millones de euros extra es solo una estimación teórica del Gobierno que dependerá de la capacidad real de los inspectores de Hacienda para destapar ese dinero.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no está en vigor. Se trata de un proyecto de ley que arranca ahora su tramitación parlamentaria, por lo que los grupos políticos podrán meter enmiendas. Las nuevas normas y prohibiciones no se aplicarán hasta que se aprueben definitivamente en las Cortes y salgan publicadas en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Lucha contra el fraude fiscal

Redacción burocrática original:

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que inicia ahora su trámite parlamentario. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la política de su departamento y de todo el Ejecutivo es de "tolerancia cero" con cualquier práctica fraudulenta. "No hay justicia social, no hay justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto", ha dicho Montero, que ha destacado la importancia de perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen. La futura ley refuerza las herramientas para prevenir y combatir la evasión fiscal y pone el foco en las fórmulas de fraude más complejas y avanzadas, como aquellas asociadas a las nuevas tecnologías. Además, permite perseguir los comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra la planificación fiscal abusiva. El Ejecutivo estima que el conjunto de las medidas podría generar unos 800 millones de euros adicionales de recaudación en un solo ejercicio contable. Entre las novedades más significativas del texto figuran la prohibición por ley de las amnistías fiscales; la reducción del límite del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas de 2500 a 1000 euros, cuando se realice entre profesionales o empresarios; la ampliación de la lista de deudores tributarios; el refuerzo del concepto de 'paraíso fiscal'; un mayor control del mercado de las criptomonedas, y la prohibición de los programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad. La norma contempla también la transposición de la Directiva europea contra la elusión fiscal.