Volver a PortadaReunión del Consejo: 20-02-2024
20-02-20242 min de lectura1 visitas

Una agencia única e independiente investigará todos los accidentes graves de tren, barco y avión

El Gobierno reactiva el proyecto de ley para fusionar en un solo organismo autónomo las tres comisiones de investigación técnica de siniestros, reforzando los derechos y la información a las víctimas.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley para crear una Autoridad Administrativa Independiente que asumirá en exclusiva la investigación técnica de todos los accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. En la práctica, se eliminan las tres comisiones separadas que existían dentro del Ministerio de Transportes y se unifican en un organismo único con autonomía funcional y jurídica, similar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. La nueva entidad no se financiará con dinero extra de los Presupuestos Generales del Estado, sino reservando un porcentaje de la recaudación de las tasas técnicas que ya se cobran habitualmente en los sectores del transporte aéreo, marítimo y ferroviario.

¿Quién sale ganando con esto?

Salen ganando las víctimas de accidentes y sus familias, que verán reconocida por ley su posición jurídica y su derecho a recibir información directa y transparente sobre las pesquisas. También se benefician los usuarios del transporte público, ya que las investigaciones de seguridad no dependerán jerárquicamente del propio ministerio encargado de gestionar o vigilar las infraestructuras.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo a dos aspectos fundamentales! En primer lugar, este organismo no busca culpables ni condena a nadie: su función es estrictamente técnica y preventiva (averiguar por qué falló la máquina o el protocolo para evitar que se repita), por lo que las indemnizaciones económicas y las responsabilidades penales seguirán dependiendo al 100% de los juzgados ordinarios. En segundo lugar, aunque los consejeros tendrán mandatos de 6 años e incompatibilidad laboral estricta posterior, la propuesta inicial de los cargos sigue estando en manos del ministro de Transportes, aunque el Congreso tendrá poder de veto.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no está en funcionamiento. El texto debe iniciar ahora toda su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el Senado. Una vez aprobada la ley y publicado su estatuto orgánico de funcionamiento, se constituirá formalmente el organismo a lo largo de la legislatura. Las investigaciones de accidentes que están abiertas actualmente continuarán sin interrupción.

Compartir noticia:

Temas y etiquetas relacionadas

Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes

Redacción burocrática original:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que de esta manera se unifican las tres comisiones que investigan ahora este tipo de sucesos, ya que el nuevo organismo asumirá en exclusiva sus funciones. Puente ha resaltado que el Ministerio cumple así una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, que desde hace años reclaman que un entidad multimodal e independiente asuma las investigaciones. La ley también responde al compromiso del Gobierno con la seguridad y la transparencia y a los requerimientos de distintas instituciones y organismos europeos. El texto del proyecto que se remite ahora a las Cortes es el mismo que se aprobó en Consejo de Ministros en marzo de 2023 y cuya tramitación decayó por el adelanto electoral. El ministro ha señalado que la norma ya se enriqueció entonces con las aportaciones de asociaciones y entidades de los organismos involucrados y fue sometida a los dictámenes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, por lo que no tenía sentido reiniciar el proceso. "Esperamos aprobar tanto esta ley como su estatuto orgánico de desarrollo para que la Autoridad pueda entrar en funcionamiento en esta misma legislatura", ha afirmado. El proyecto se aprueba coincidiendo con el Día Internacional del Recuerdo y Memoria de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, que se conmemora cada 20 de febrero desde 2022. "Queremos expresarles nuestra estima y nuestro reconocimiento en una jornada tan simbólica como la de este día", ha manifestado Óscar Puente. El ministro ha destacado que las tres comisiones de investigación técnica actuales están adscritas a su departamento, pero ya funcionan de manera independiente. "Lo que hacemos ahora es englobarlas en una autoridad administrativa, que es la figura con mayor grado de independencia que existe en nuestra legislación", ha dicho Puente, que también ha recalcado que ninguna investigación en curso quedará paralizada por la puesta en marcha del nuevo organismo en el tiempo que medie entre la aprobación de la ley y su constitución efectiva. La nueva Autoridad tendrá un estatus similar al de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Agencia Española de Protección de Datos. Contará con independencia funcional, orgánica -poseerá personalidad jurídica diferenciada- y financiera, ya que va a obtener sus ingresos de su participación en la recaudación de tasas ya existentes. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El ministro ha sostenido que el sistema de designación de los miembros del organismo y su régimen de funcionamiento y de incompatibilidades reforzarán igualmente su autonomía. La Autoridad contará, en concreto, con un Consejo de Gobierno compuesto por un presidente o presidenta y seis consejeros o consejeras (dos del ámbito aéreo, dos del marítimo y dos del ferroviario). Todos serán profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional. Los nombrará el Ministerio de Transportes tras un periodo de consulta con entidades e instituciones, pero tendrán que pasar el "filtro" del Congreso de los Diputados, que deberá dar su conformidad al presidente y dispondrá de capacidad de veto sobre los consejeros. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años, sin posibilidad de reelección ni remoción. Trabajarán con dedicación exclusiva e incompatibilidad absoluta; cuando cesen, tendrán prohibido ocupar puestos en la actividad privada que estén relacionados con la actividad de la Autoridad durante un período de dos años. El ministro ha apuntado que el proyecto establece los accidentes e incidentes que debe investigar la Autoridad, el procedimiento, el régimen de información y las relaciones con otras instituciones como las Cortes, el Poder Judicial y los organismos de otros países. La norma -ha subrayado Puente- consagra el principio de "cultura justa": nadie debe ser castigado por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y su capacitación, pero no se toleran la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos. Uno de los mandatos de la Autoridad será atender mediante un régimen específico las necesidades de información de las víctimas y sus familias y las de las asociaciones, que verán así fortalecida su posición jurídica. Para los miembros del Consejo regirá el deber de reserva sobre las declaraciones de las personas que participen en las indagaciones, su identidad y cualquier otra información especialmente sensible, con excepciones como el requerimiento de los jueces, la Fiscalía o las comisiones parlamentarias. El responsable de Transportes y Movilidad Sostenible ha recordado que la investigación técnica no determina las culpas y responsabilidades que se depuran en sede judicial, sino que su objetivo principal es analizar los accidentes, aclarar sus causas y, sobre todo, elaborar recomendaciones que mejoren la seguridad y la prevención. "Hemos vivido tragedias por todos conocidas, que están en la mente de todos, que han truncado muchas vidas y que no deberían volver a repetirse", ha concluido.