Pagar por contaminar: el Gobierno endurece las reglas de emisiones para barcos, aviones y calefacciones

Se adapta la normativa europea para obligar al transporte y a la industria a pagar por su CO2, un sobrecoste que amenaza con encarecer billetes y energía.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El primer borrador de una ley para endurecer el mercado de derechos de emisión en España siguiendo las directrices de la Unión Europea. La norma obligará a los sectores del transporte marítimo y la aviación a asumir costes por el CO2 que emiten y exigirá a los productos importados de fuera de Europa cumplir los mismos controles verdes para poder venderse aquí.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

La industria europea frente a fabricantes extranjeros que producen barato sin controles ambientales, y las empresas dedicadas a energías renovables, rehabilitación energética de edificios y biocombustibles.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo al bolsillo del consumidor! Aunque la medida no salga directamente de los presupuestos del Estado, las aerolíneas, navieras y distribuidoras de energía suelen trasladar el coste de comprar derechos de emisión al precio final de los billetes de transporte, la gasolina y las facturas de calefacción.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: el ciudadano no tiene que realizar ningún trámite. El sector marítimo empezará a integrarse a lo largo del año, mientras que el control sobre la calefacción en edificios y el transporte terrestre no se vigilará hasta 01-01-2027 o 01-01-2028, una vez que el texto complete su tramitación parlamentaria y se convierta en ley.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Sistema de comercio de derechos de emisión

Redacción burocrática original:

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa El Gobierno también ha analizado otro anteproyecto de ley tiene como finalidad incorporar a la legislación nacional las modificaciones del sistema de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que viene aplicándose en el conjunto de la Unión Europea desde hace casi 20 años. Teresa Ribera ha apuntado que el objetivo es lograr una reducción de emisiones del 55% en el conjunto de la Unión antes del año 2030. Para alcanzar este fin, se actualiza la senda de reducción de emisiones para el conjunto de los sectores implicados. Además, los sectores industriales que quieran colocar productos procedentes de terceros países en el mercado europeo podrán hacerlo, pero deberán demostrar que han sido producidos con los mismos controles de emisión de gases de efecto invernadero que tiene Europa. La vicepresidenta también ha apuntado que el sector marítimo se incorporará al nuevo sistema de comercio de derechos de emisión este año y se revisará la aplicación del sistema al sector de la aviación, que tendrá que reducir las emisiones utilizando combustibles sintéticos y biocombustibles. Otra novedad, apuntada por Teresa Ribera, es que los proveedores energéticos de movilidad terrestre y de edificios deberán monitorizar la intensidad de gases de efecto invernadero del servicio energético que proporcionen a partir de los años 2027 o 2028. "La Unión Europea ha creado un fondo social para el clima, precisamente para favorecer que el dinero que se recaude a través de esta vía pueda destinarse explícitamente a la mejora la rehabilitación de los edificios", ha dicho la ministra.