Obligados a negociar antes de demandar: el plan del Gobierno para frenar el colapso judicial
El Ejecutivo impulsa la mediación y conciliación privada previa en asuntos civiles y mercantiles para evitar que los pleitos lleguen a los juzgados.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Gobierno tramita una nueva norma para fomentar e incentivar que particulares y empresas resuelvan sus disputas mediante acuerdos privados, mediadores o expertos independientes antes de acudir a los tribunales. La idea es extender al ámbito civil (conflictos entre vecinos, herencias, contratos) y mercantil (disputas comerciales) el modelo que ya se usa en lo laboral para intentar no saturar los juzgados.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
Por un lado, el sistema judicial y los jueces, que buscan quitarse miles de litigios menores de encima; y por otro, el sector de la mediación, arbitraje y conciliadores privados, que verán incrementado su volumen de negocio. Para el ciudadano puede suponer resolver un conflicto de forma más rápida sin esperar años a una sentencia.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! Aunque se venda como una vía rápida y pacífica, exigir o forzar un intento de acuerdo previo puede suponer un gasto añadido de bolsillo (honorarios de mediadores privados) y un retraso extra para quien realmente necesite la tutela judicial. Además, en disputas entre un particular y una gran compañía (como aseguradoras o entidades financieras), la parte más débil puede verse presionada a aceptar acuerdos desfavorables por el miedo a los costes de ir a juicio.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede solicitar ni está en vigor. Se trata de un proyecto de ley que todavía tiene que pasar todo el trámite parlamentario en las Cortes Generales antes de ser publicado oficialmente en el BOE.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Solución de controversias
Redacción burocrática original: