180 millones para vivienda asequible: nos toca a 3,75 euros por cabeza y casi todo irá a Cataluña

El Consejo de Ministros reparte fondos públicos extraordinarios solo entre las comunidades que han declarado zonas tensionadas, dejando fuera al resto.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Una partida de dinero público para financiar medidas de vivienda en los 317 municipios que han sido declarados zonas tensionadas. Con estos fondos, el Gobierno subvenciona a las administraciones autonómicas para que compren pisos ya construidos, levanten promociones públicas, preparen suelo y financien avales de alquiler dirigidos a los jóvenes.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

180 millones de euros. Salimos a unos 3,75 € por español.

¿Quién sale ganando con esto?

El gran beneficiado es Cataluña, por ser la comunidad con más municipios tensionados registrados, junto a las otras cuatro autonomías que han aplicado este mecanismo. También salen ganando los promotores que reciban subvenciones para construir y las administraciones locales que aumenten su patrimonio inmobiliario con cargo a las arcas estatales.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Y bien grande! Para empezar, a ningún ciudadano le van a ingresar este dinero en la cuenta ni verá bajar su alquiler de la noche a la mañana: se transfiere a gobiernos autonómicos para obras, compras y trámites burocráticos que tardarán años en traducirse en pisos reales. Además, si vives en una comunidad autónoma cuyos gobernantes han decidido no declarar zonas tensionadas, tus impuestos pagarán la fiesta pero tu municipio no recibirá ni un solo euro de este reparto.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: un particular no puede solicitar estas ayudas directamente. El dinero va a los gobiernos autonómicos, y serán ellos los encargados de tramitar las licitaciones, adquirir los inmuebles o abrir convocatorias públicas para los avales a jóvenes cuando lo estimen oportuno.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Fondos para aumentar la vivienda asequible en las zonas tensionadas

Redacción burocrática original:

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa / Sandra Armada El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos con el objetivo común de avanzar en la garantía del derecho de acceso a la vivienda. "Van dirigidos a promover vivienda allí donde hace más falta y también a quienes más falta les hace", ha asegurado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La primera norma destina recursos extraordinarios para las zonas que han sido declaradas mercado residencial tensionado; en la actualidad, son 317 municipios de 5 comunidades autónomas que abarcan a más de 9 millones de personas. Según ha explicado la ministra, el texto cumple con la Ley de Vivienda, que exige a las comunidades autónomas -las competentes en esta materia- elaborar un plan de acción tras declararse zonas tensionadas y que interpela a la Administración General del Estado para que adopte medidas extraordinarias. El Ministerio de Vivienda ya ha emprendido algunas de esas acciones, por ejemplo, con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que recoge ayudas extraordinarias para la construcción de vivienda pública a los promotores y permite a las administraciones públicas cubrir hasta el 80% del coste de adquisición de una vivienda ya construida para destinarla al alquiler asequible. El decreto aprobado hoy concede subvenciones directas a las comunidades autónomas para que aborden planes estratégicos en la dirección seguida por Vivienda. Las ayudas suman 180 millones de euros, distribuidos de acuerdo a la población afectada en cada zona tensionada y al esfuerzo que las familias deben realizar para pagar el alquiler. La cuantía más importante corresponde al territorio con más zonas tensionadas declaradas, Cataluña. Los fondos se orientan a la promoción o rehabilitación de viviendas para ponerlas en alquiler social o alquiler asequible; la adquisición de suelo para construir vivienda u otras soluciones de emergencia por parte de las comunidades autónomas o los ayuntamientos; el desarrollo y la urbanización del suelo; la adquisición de viviendas del mercado libre para incorporarlas al parque público, y la cobertura de avales o seguros para los jóvenes.