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El Gobierno desbloquea una nueva partida de fondos europeos para reformas de vivienda y avisa a las autonomías: quien no ejecute el dinero antes del 31-12-2024, lo perderá.
El Gobierno unifica las quejas contra la banca y aseguradoras en un organismo público cuyas resoluciones serán obligatorias para importes inferiores a 20.000 euros.
Los estudiantes tienen hasta el 10-05-2024 para presentar la solicitud por internet. Se flexibiliza además el acceso a alumnos con una discapacidad a partir del 25%.
El Gobierno aprueba un manifiesto político por el Día contra la Discriminación Racial sin medidas ejecutivas ni partidas presupuestarias.
El Gobierno impulsa la nueva Autoridad del Cliente Financiero para frenar abusos bancarios y transfiere fondos a las comunidades para rehabilitar edificios.
El Consejo de Ministros traslada sus condolencias a los familiares de los seis fallecidos en el control de tráfico y condena el asesinato de una mujer y dos menores.
El Gobierno impulsa la sustitución de los juzgados de paz por oficinas municipales, facilita el rastreo de antecedentes en la UE y busca cómo frenar el acceso de menores a contenido para adultos.
El Gobierno envía al Congreso una ley para conectar nuestros ficheros judiciales con el resto de Europa y crear un registro de sentencias de menores.
El Estado desbloquea los fondos para remunerar a los abogados de oficio, procuradores y psicólogos que asisten a ciudadanos sin recursos y a víctimas durante 2023 y 2024.
Moncloa crea un grupo de trabajo para diseñar la tecnología de verificación de edad que pretende obligar a las webs de adultos a exigir credenciales antes de final de año.
El Gobierno autoriza la unión de ambas compañías, creando un coloso con más de 30 millones de líneas móviles bajo la promesa de más inversión en 5G.
Con motivo del Día del Consumidor, el Ejecutivo firma un manifiesto de buenas intenciones para proteger a los colectivos vulnerables que no cambia nada en la práctica.
El Ejecutivo impulsa la mediación y conciliación privada previa en asuntos civiles y mercantiles para evitar que los pleitos lleguen a los juzgados.
El Consejo de Ministros arranca con un mensaje de solidaridad y memoria institucional hacia las víctimas y sus familias por el 20º aniversario de la tragedia de 2004.
El Gobierno unifica el sistema para que asociaciones de consumidores puedan pleitear por todos los afectados a la vez, con plataformas online y cobro automático si ganan el juicio.
El Consejo de Ministros reactiva la norma contra la explotación de personas y flexibiliza el Ingreso Mínimo Vital y las bajas laborales para las afectadas.
El Gobierno aprueba una normativa interna para atajar el acoso sexual y por razón de sexo en ministerios y organismos públicos, abriendo el canal de denuncia a personal externo.
El Gobierno equipara estas bajas a contingencias profesionales para que las víctimas cobren el 75% del sueldo sin exigirles cotización previa y flexibiliza el acceso al IMV a víctimas de trata.
El nuevo anteproyecto blindará a las personas explotadas para evitar su expulsión, dándoles acceso preferente al Ingreso Mínimo Vital y a pisos públicos.
La policía ya no podrá archivar expedientes con tanta facilidad y tendrá que entrevistar en persona a las mujeres antes de retirarles la vigilancia.