Guerra judicial por la Memoria Democrática: El Gobierno lleva a Baleares ante el Tribunal Constitucional
Moncloa recurre la derogación de la ley balear de memoria histórica tras romperse las negociaciones con el Govern autonómico.
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Moncloa recurre la derogación de la ley balear de memoria histórica tras romperse las negociaciones con el Govern autonómico.
Moncloa lleva a los tribunales el intento de Murcia de recortar la financiación a patronal y sindicatos, y frena la maniobra valenciana para salvar viviendas en la costa de Guardamar.
El Gobierno central recurre los presupuestos de Canarias por garantizar sueldazos privados a directivos sanitarios y rebajar las exigencias de inversión a concesiones portuarias.
El Ejecutivo recurre al Tribunal Constitucional después de que Aragón se negara a entregar los datos de sus centros de acogida para el reparto estatal.
Moncloa impugna ante la justicia la norma autonómica al considerar que invade competencias y recorta los derechos de reparación a las víctimas.
El Ejecutivo impugna la maniobra legal de la Comunidad de Madrid para forzar que la Real Casa de Correos sea declarada 'Lugar de Memoria'.
Moncloa impugna la ley cántabra que derogó la normativa autonómica de memoria democrática tras fracasar el intento de pacto bilateral.
El Ejecutivo recurre las normas canarias sobre acogida de menores extranjeros no acompañados y frena también los atajos de contratación de La Rioja con fondos europeos.
Moncloa activa al Consejo de Estado por la vía de urgencia como paso previo para recurrir al Tribunal Constitucional el reparto de competencias en la acogida.
Moncloa recurre las normas autonómicas al considerar que discriminan al colectivo, imponen trabas médicas a menores y vulneran competencias estatales.
Moncloa impugna la norma autonómica que eliminó el mapa de fosas y los homenajes a las víctimas, forzando su suspensión cautelar en los tribunales.
Moncloa abre una mesa de negociación obligatoria con el gobierno aragonés y avisa a Valencia y Castilla y León con el respaldo de la ONU.
Moncloa revisa el despliegue de la Ley de Memoria Democrática, amenaza con llevar a los tribunales las normas de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, y proyecta la reforma del Valle de Cuelgamuros.
Moncloa exige a la Cámara Alta paralizar la ley para eliminar el tributo de herencias y donaciones bajo amenaza de llevar el caso al Tribunal Constitucional.
Moncloa impugna casi el 40% de la normativa gallega y pide suspenderla de golpe por considerar que invade competencias exclusivas del Estado sobre la costa y la pesca.
Moncloa designa a Juan Carlos Campo y Laura Díez como nuevos magistrados para forzar el relevo en el máximo tribunal de garantías.
El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional una norma autonómica que pretendía equiparar a personal laboral con funcionarios de carrera sin oposiciones con plenas garantías.
Moncloa impugna los topes y normativas catalanas por invadir competencias del Estado, aunque no pide su freno inmediato mientras cocina su propia ley estatal.
La Moncloa impugna la norma del litoral catalán al considerar que los ayuntamientos no pueden tener barra libre para dar permisos en la costa sin el control autonómico fijado por ley.
La Moncloa frena en seco la reforma sanitaria de Galicia al considerar que una comunidad no puede recortar derechos fundamentales por su cuenta.