Las empresas estarán obligadas a detallar por escrito sueldos, descansos y si un algoritmo decide tus turnos
El Gobierno aprueba una norma que exige máxima transparencia en los contratos de trabajadores del sector privado, funcionarios y pescadores.
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El Gobierno aprueba una norma que exige máxima transparencia en los contratos de trabajadores del sector privado, funcionarios y pescadores.
Entra en vigor el Convenio 191 de la OIT, que eleva la protección de la salud en el puesto de trabajo a la categoría de derecho humano esencial.
El Ministerio de Trabajo mete presión para frenar el fraude en las prácticas formativas y exige contratos por escrito, doble tutor y un sueldo proporcional al tiempo trabajado.
El Gobierno renueva el estatuto de los trabajadores humanitarios para blindar su protección por fallecimiento o invalidez y darles por fin una categoría oficial en el SEPE.
El Gobierno adapta una directiva europea que veta tener a los empleados pendientes del teléfono sin cobrar y castiga los abusos convirtiendo los contratos en indefinidos a jornada completa.
El Consejo de Ministros aprueba la conocida como 'Ley Rider', obligando a las plataformas digitales a poner en nómina a sus repartidores y desvelar cómo funcionan sus algoritmos.
El Gobierno prepara una ley para evitar el 'dumping' laboral: quienes vengan desplazados más de un año o por ETT tendrán exactamente las mismas condiciones que un trabajador local.
Las trabajadoras tendrán derecho a conocer cómo se calculan los salarios y pluses en sus empresas para detectar discriminaciones.
El Gobierno aprueba el marco legal que regula el trabajo a distancia, garantiza la desconexión digital y agiliza los trámites del Ingreso Mínimo Vital.
El Gobierno aprueba un decreto para mejorar las condiciones laborales en los barcos pesqueros con bandera española y garantizar asistencia médica y repatriación.
El Gobierno pone la lupa sobre más de 238.000 trabajadores en situación irregular y da a las empresas un mes para regularizarlos antes de sancionar.